La Procuraduría General de la Nación dijo que el programa de atención a niños de entre 0 y 5 años (UCA), ofrecido por el Bienestar Familiar está generando desigualdad entre la población infantil indígena en cuanto al acceso efectivo de sus derechos y trato digno e igualitario.

Durante la reunión del Comité Intersectorial de La Guajira cumplido este viernes en Riohacha, el procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial (e), John Harvey Pinzón, explicó la posición del Ministerio Público frente a cada problemática y propuso acciones puntuales para avanzar en soluciones definitivas.

El Ministerio Público planteó recomendaciones clave a las entidades que conforman el Comité Intersectorial de La Guajira, para enfrentar la crisis de inatención estatal, falta de servicios públicos, inseguridad alimentaria y de salud que afecta principalmente a los niños y niñas wayuu.

Por disposición de la Corte Constitucional, la Procuraduría tiene la misión de hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia que ordenó resolver el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayúu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en La Guajira.

Durante el encuentro, citó el programa de atención a niños de entre 0 y 5 años (UCA), ofrecido por el ICBF, cuyo planteamiento errado, dijo, está generando desigualdad de los niños wayúu frente al resto de la población no étnica en cuanto al acceso y goce efectivo de sus derechos y al trato digno e igualitario.

Consideró que el diseño del programa no se adapta a la realidad de la población indígena, sino por el contrario, obliga a la comunidad a acoplarse a la forma como fue concebido.

“Cada unidad funciona con 20 niños, es decir que, si en una comunidad hay 30, 10 deben buscar cupo en otras UCA, lo que implica desplazarse largos trayectos expuestos a todo tipo de peligros”, aseguró.